Con toda razón se viene reclamando el fortalecimiento de la institucionalidad en el país, pues ella, como dice Ricardo Uvalle Berrones ("La institucionalidad democrática: eje articulador de la sociedad, el ciudadano y el Estado") es el sostén de todo nuestro ordenamiento social, jurídico y económico. Sin embargo, a pesar de esta demanda sensata, quienes deberían estar comprometidos en este esfuerzo vienen haciendo todo lo posible por debilitarla. Una clara demostración de lo confundidos que están los actores políticos en el país.
Probablemente sea necesario aclarar algunos términos para su mejor comprensión. El concepto Institución aplicado al campo político tienen dos sentidos fundamentales: uno como sinónimo de organización, estructura y otro como principio de comportamiento social básico, especialmente de los agentes y actores gubernamentales y políticos de una nación.
Distintas definiciones
Hay diversas definiciones del concepto Estado, pero el común denominador de casi todas, es que es un conjunto de instituciones no voluntarias que tienen el poder de regular la vida nacional en un territorio determinado. Y para ello poseen la autoridad y potestad que les permiten establecer las normas que su finalidad les exige.
Son estos conceptos los que explican con meridiana claridad, la importancia de las instituciones y la necesidad de fortalecerlas. Un Estado es más fuerte, cuanto más fortalecidas se encuentren las instituciones que lo conforman, tanto en el sentido organizacional como en su comportamiento. Y ello sucederá si se empeñan en ser legítimas, representativas y eficientes en la función que cumplen.
La institucionalidad es la aceptación consciente de las instituciones y el rol que cumplen dentro del Estado. La misma que está basada en el respeto a la democracia como forma de vida cotidiana, la convivencia social dentro del Estado de Derecho, el cual implica respeto a la Constitución y los controles razonables de los poderes reales y fácticos. En suma, el uso de las leyes como instrumento preferente para guiar la conducta de los ciudadanos a fin de permitir la prevención y solución efectiva, eficiente y pacifica de conflictos.
Congreso de la República
Siendo esto así, ¿Cómo convocan a fortalecer la institucionalidad democrática en el país, los que precisamente la están saboteando?
Una de las instituciones más importantes del Estado, es el Congreso de la República, la misma que tiene niveles alarmantes de legitimación y es la más desprestigiada de América Latina. La población no se siente representada por esta institución y opina inclusive (42%) que debería ser clausurada. Sin embargo, los congresistas pareciera que viven otra realidad. La mayoría espuria, ha convertido este poder del Estado en un apéndice del Poder Ejecutivo, atropellando la independencia de poderes y enervando su función de control al Gobierno de turno.
Una clara demostración de este despropósito, es el "blindaje" que se le está extendiendo al presidente Toledo para evitar que sea investigado por una Comisión independiente en el Congreso, obedeciendo al pacto tácito suscrito en entre este y el presidente Humala.
Tribunal Constitucional
La elección de los Magistrados del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y los miembros del directorio del Banco Central de Reserva, tiene más de dos años. Ante la presión ciudadana, los legisladores no tuvieron mejor idea que repartir esos puestos en cupos partidarios. Es decir, la majestad del Tribunal Constitucional y su independencia han sido reducidas a engañifas y componendas.
Se ha comprobado que un número apreciable de congresistas mintieron en su hoja de vida, para acceder con reconocimientos falsos a una elección inmerecida. Otros ocultaron delitos reprobables cometidos antes de su elección.
Y, por último, cuatro parlamentarios oficialistas fueron descubiertos en actos irrefutablemente proselitistas, repartiendo artículos incautados por la SUNAT, solícitamente entregados por el Ministerio de la Mujer.
Solo estos actos nos inspiran a preguntar: ¿de qué fortalecimiento de la institucionalidad democrática pueden hablar quienes están atentando flagrantemente contra ella?
Síndrome de "hybris"
Durante dos años se mantuvo en suspenso la intención no tan velada de la Sra. Nadine Heredia, de postular ilegalmente en las elecciones generales del 2016. Creyendo ilusamente que la "luna de miel política" que deviene después de las elecciones iba a ser permanente, el síndrome de "hybris" (tan antiguo como el poder), desestabilizó el país. Hasta que la cruda realidad de las encuestas, la hizo retroceder a regañadientes. Sus áulicos congresistas, no se detuvieron en pretender allanarle el camino, pisoteando la ley que lo prohibía.
Un complaciente Presidente, atrapado por el mismo síndrome, soñó con lo mismo. ¿Qué razón ética tendría el Primer Mandatario para reclamar el fortalecimiento de la institucionalidad si desde la que el preside, se está encargando con eficacia de debilitarla?
Cuando vino Francis Fukuyama al Perú, le dijo al presidente García que nuestro país no podía aspirar a ser uno del primer mundo, teniendo instituciones del tercer mundo. Y se refirió específicamente a los partidos políticos, cuyos caudillos reclaman institucionalidad. Sin embargo, ellos no representan a nadie. Estas organizaciones no tienen presencia nacional y se reducen a un minúsculo grupo de dirigentes que actúan, deciden y se comportan con prescindencia de las bases, porque no las tienen. Descubiertos los aportes de dudosa procedencia para la campaña del Perú Posible, es probable que los cenáculos partidarios, tengan el descaro de pedir institucionalidad, cuando ellos se están encargando de hacer de estas organizaciones lo que dijo Fukuyama: instituciones del tercer mundo.
Poder Judicial
El Poder Judicial en el Perú, es uno de los menos confiables de América Latina, se le atribuye poca predictibilidad, corrupción y falta de oportunidad. Defectos que se niegan a superar, al postergar irreflexivamente la profunda reforma, que la población les reclama. ¿Cómo fortalecer esta institución si ella misma no hace el esfuerzo por superar sus falencias?
Decíamos que una de las acepciones del concepto Institución se refiere, al poder que ella tiene de regular la vida nacional. Y a esto ha apuntado certeramente el Gobierno con la puesta en marcha de dos dispositivos: el que ordena la administración pública (Ley SERVIR) y, el otro, que pretende (por fin) enfrentar la estafa de la que son víctimas miles de jóvenes, a los que se les concede un grado académico de dudoso valor (Ley Universitaria).
Este es un atisbo de eficiencia del Ejecutivo y el Legislativo. Hasta hoy se premiaba al trabajador estatal menos eficiente y se dejaba de reconocer al más eficiente, convirtiendo la administración pública en el ente que brinda los peores servicios a la Nación. Por obra de los políticos que accedieron a la presidencia, se convirtieron en agencias de empleo. Prueba elocuente es el gran número de allegados familiares y sentimentales que contrata el Congreso con cada presidencia.
Incendio en la pradera
Se ha pretendido acabar con esta nociva costumbre. Sin embargo, no será fácil y probablemente poco duradero (como las reformas educativas). No hubo diálogo de escuchar, sino de sordos. Probablemente se "incendiará la pradera" y se de marcha atrás o se desnaturalice la norma. ¿Es este un ejemplo de institucionalidad democrática?
Lo mismo sucederá probablemente con la Ley Universitaria. Poca información, impericia en su génesis y falta de diálogo, alentarán seguramente las resistencias. Defectos que están siendo explotados con más habilidad por quienes quieren que las cosas sigan como están: llenando bolsillos ávidos, a través del engaño.
Decíamos que la institucionalidad tiene como un gran marco la democracia y el Estado de Derecho. Sin estas condiciones, este esfuerzo es una ficción. Y, Estado de Derecho es independencia de poderes, aplicación estricta de la ley y legitimidad.
Sugerencias específicas
Ha llegado el momento que impere la Ley y el Orden en el país. Que la Gobernabilidad no sea lo que pretende garantizar osadamente Alejandro Toledo. Para ello es que sugerimos lo siguiente:
1. Despolitizar todas las atribuciones y decisiones de los organismos del Estado. Ellos deben regirse estrictamente por sus leyes y reglamentos de creación y función.
2. Hacer de la Trasparencia una real y efectiva política de Estado, para enfrentar eficazmente la corrupción.
3. Medir todas las gestiones por resultados, alentando la meritocracia, la misma que dará como resultado la eficiencia.
4. Respetar estrictamente la ley. Desde la Constitución hasta la norma de menor rango, nadie debe estar por encima de ella, ni nadie debe alentar su vulneración.
5. Introducir la meritorcracia en todas las instituciones. La estabilidad laboral no debe ser un derecho, sino una recompensa a la eficiencia.
6. Que se inicie cuanto antes una progresiva reforma del Estado. Fijando la imagen – objetivo del Estado que queremos, cómo debemos hacerla, en que plazos y que organismo será encargado de supervisarla.
7. Alentar la participación ciudadana en las decisiones gubernamentales que les competen. Sin participación no hay democracia y se hace más difícil obtener legitimidad.
8. Aunque no se refiere a instituciones, desterrar las confrontaciones y alentar más bien, un clima de paz, orden y tranquilidad, sobre la base de las diferencias.
Vamos a hacer instituciones del Primer Mundo fortaleciéndolas. Ese es nuestro patriótico deseo.
