Probablemente, con insuficiente análisis, el Gobierno saliente y la Defensoría del Pueblo han convenido en definir como conflictos sociales los sucesos que han venido sucediendo en el país, cada vez con mayor frecuencia, en la mayoría de los cuales se han generado actos de violencia y daños a la propiedad pública y privada; sin que las autoridades hayan podido imponer la autoridad de la ley, poniendo en entredicho el Estado de Derecho.
La estadística de estos sucesos es preocupante. El Gobierno del Presidente saliente se inició con 80 casos y actualmente existen más de 250, hecho que ha generado una severa crítica a dicha administración; imputándosele ineficiencia, falta de comunicación, decisiones inconsultas, falta de previsión y escasa o nula sagacidad "negociadora".
Los sucesos de Puno han activado todas las alarmas, no solo porque se han incrementado los niveles de violencia, sino porque los manifestantes han logrado imponer (bajo amenaza) todos sus reclamos. Ese Gobierno inerme, confundido y atrapado elimino casi por completo las actividades mineras en ese departamento. Lo que resulta insensato, dada la importancia de este sector en la economía nacional. El crecimiento económico de los últimos ocho años se debe, en gran medida, a los recursos que la minería genera.
Pasivos ambientales
Si bien es evidente que el comportamiento de la minería ha sido (y en algunos casos puntuales sigue siendo), atentatorio contra la vida y la salud de las poblaciones más vulnerables; debemos reconocer que los estudios de impacto ambiental son cada vez más severos. Sin embargo, no podemos mirar de costado los cientos de "pasivos ambientales" que, como muertos sin entierro, nos siguen causando daño quienes los originaron hagan nada por remediarlos ante la permisividad impune del Estado.
Pero estos pretéritos errores en la ejecución no explican (y menos justifican) su eliminación. Está demostrado que esta actividad puede ser inocua. Solo se requiere responsabilidad social del concesionario y una severa vigilancia del Estado.
Pero, lamentablemente, la confusión en que estuvieron atrapadas esas autoridades no les han permitido identificar el problema ni los autores; pues resulta que la minería informal actúa fuera del marco legal y no está sujeta a ningún control, y es ella la que más grave daño le está haciendo al país. El río Ramis en Puno es contaminado por ella, y estos mineros no han sido objeto de protesta. Como se supone que ellos no tienen otra alternativa económica, se los aprecia como a los cocaleros, pasando por alto que el 90% de estos últimos alienta el narcotráfico y la totalidad de los primeros contamina.
En suma, se han acumulado una serie de errores de percepción: intereses políticos, impericia en el manejo del problema y falta de autoridad, que no auguran nada bueno. Y como creemos que el cambio de Gobierno no va a significar cambio de actitudes ni que con él se van a amainar los reclamos, queremos colaborar con algunas reflexiones.
No existe criterio
universal
Comenzaremos por poner en debate el Convenio 169 de la OIT, el mismo que ha servido en forma recurrente como fundamento de comunidades, frentes de defensa y comités de lucha para auto-designarse como interlocutores ante el Estado.
Al respecto, debemos expresar con meridiana claridad, que la Guía de dicho Convenio, elaborada por la propia OIT, reconoce que no existe un criterio universal para definir quiénes son los pueblos nativos a quienes se debe consultar respecto a las decisiones administrativas del Gobierno. Asimismo, nuestro país no ha legislado en lo referido a los mecanismos para hacer efectiva esa consulta y, finalmente, en ningún acápite del acuerdo se le concede el carácter de vinculante a las opiniones de los pueblos nativos.
Siendo esto así, cabe preguntarse lo siguiente: ¿Las comunidades aymaras reclamantes son los pueblos indígenas a los que el Convenio les concede la prerrogativa de la consulta?, pues resulta que la Guía establece tres elementos para identificarlos: a) Continuidad histórica, es decir, que sean sociedades anteriores a la conquista; b) Conexión territorial (sus ancestros habitan el país o la región y c) Instituciones políticas, culturales, económicas y sociales distintas. ¿Reúne estos tres elementos?
Igualmente, el área geográfica donde están asentadas estas comunidades no se encuentran total ni legamente definidas. ¿Pueden entonces exigir que el Estado no concesione territorios que no les pertenecen?
Teoría del conflicto
En suma, el Convenio no reconoce comunidades, ni frentes ni comités de ningún tipo, como interlocutores ante el Estado en el marco del Convenio 169 de la OIT; y como dijéramos, la consulta no es vinculante; esto debe ser entendido en forma meridiana.
No es nuestro propósito sumarnos al coro de críticos ideológicos del problema. Trataremos en todo caso, con afán pedagógico, de echar luces dentro de la confusión que se ha generado. Para ello, apelaremos a Descartes, quien sugiere entender el problema antes de tratar de solucionarlo.
Partiremos dudando que los hechos que están sucediendo sean conflictos sociales, tal como la Defensoría del Pueblo y el saliente Gobierno, admitieron.
La teoría del conflicto, aquel estudio científico de este fenómeno social, tiene sus orígenes en 1956, con la obra de Lewis A. Coser: "The Functions of Social Conflict", editado en Nueva York. Con esta obra Coser logra superar los problemas sociológicos del funcionalismo estructural, analizando el conflicto social desde una perspectiva estructural – funcional del mundo. Hasta ese momento, como expresaron Coleman y Himes, el gran problema de la mayor parte de las teorías del conflicto era que "carecían de lo que más necesitaban: un anclaje coherente en la teoría marxista".
Esos no son sus fines
Antes de Coser, Hobbes había estimado que "la sociedad está en cambio constante y está integrada por elementos contradictorios", lo que explicaba que existieran conflictos sociales. La sociedad perfecta entonces, no era la que no estaba en constante cambio, sino aquella que albergaba en su seno fuerzas contradictorias. La interacción de ellas, inevitablemente tendrían que generar conflictos a los que un versado en la teoría marxista como Ralf Dahrendorf, les atribuyó ser los motores del cambio de toda la sociedad.
Dada esta necesaria mención sociológica del conflicto social, pasemos a definirlo. Para L. Coser, es "una lucha por los valores y por el status, el poder y los recursos escasos, en el curso del cual los oponentes desean neutralizar, dañar o eliminar a sus rivales".
¿Estas son las características y fines de las manifestaciones sociales que se han sucedido en el país y a las que se han denominado conflictos sociales? ¿Son el motor del cambio de la sociedad peruana? Todo indica que esos no son sus fines.
Esta descripción sociológica hace pensar que lo que viene sucediendo en el país no son conflictos sociales. ¿Entonces que son? La respuesta la da la misma sociología: protestas, muchas de las cuales se han expresado en forma violenta.
La protesta suele
ser efímera
La protesta se define como la "exhibición pública de la opinión de un grupo o de una parte significativa de la población, que está a favor o en contra de una determinada política, persona, ley o decisión del Gobierno". Su finalidad no es ser el motor del cambio de la sociedad, sino alcanzar los objetivos que se han trazado. Algunas de estas protestas son violentas desde su origen o devienen en violentas en el trascurso de su ejecución por diversas causas, siendo la represión una de ellas.
El conflicto social suele ser permanente o de larga duración, dado los fines estructurales que persigue. En cambio la protesta suele ser efímera, de organización poco consistente y de alcance limitado.
Son estas las razones sociológicas por las cuales me permito opinar que lo que está sucediendo en el país son estas últimas.
¿Qué valor tiene esta disquisición? Uno de gran importancia: nos dará las luces para enfrentarla.
Interlocutores
ante el Estado
Existe una última relación entre la calidad de las instituciones y las protestas. En los países en que las instituciones (particularmente los partidos políticos) funcionan bien, hay más tendencia a participar en foros institucionalizados; mientras que en países con instituciones menos eficaces, los mecanismos de protesta son más frecuentes. Las personas que creen que los partidos políticos los representan tienden a confiar en ellos como sus interlocutores ante el Estado; mientras que en los países donde estas organizaciones no gozan de credibilidad, la tendencia es a manifestarse directamente a través de las protestas.
Aquí subyace la primera observación. ¿Estuvieron presentes los partidos políticos en la génesis, desarrollo y posterior diálogo durante los denominados "conflictos sociales"? La respuesta no necesita demostración: No. Al haber abdicado del rol que les confiere la estasiología, la población no se sintió representada por ellos, y es por eso que tomó la decisión de prescindir de su presencia y protestar directamente.
Esto ha sido completamente inconveniente por cuanto el Estado se vio obligado a dialogar con líderes de asonadas que no tienen ninguna representación legal. Es un contrasentido que una autoridad legalmente elegida, dialogue y llegue a acuerdos, con personas con mediana legitimidad, que no tienen la autoridad legal para cumplir compromisos y cuya presencia es efímera. Como ha sucedido con el Sr. Cuevas en Moquegua, el que asumió compromisos que no ha honrado y cuya presencia y liderazgo actual es irrelevante.
Francis Fukuyama nos hizo reflexionar al respecto cuando nos dijo que no podríamos aspirar a ser país del primer mundo, teniendo instituciones del tercer mundo.
La sensatez ha dejado
de intervenir
Pero, tan ausentes estuvieron los "partidos políticos" como las autoridades regionales y locales. Siendo que las regiones fueron creadas para propender al desarrollo armónico y ordenado del país, no se entiende que en estas asonadas las autoridades hayan brillado por su ausencia. ¿Qué justifica la presión que ejercen sobre el Estado para asumir más competencias, si el ejercicio de su autoridad es nulo durante estas protestas? ¿Más recursos y menos autoridad es la fórmula por la que están apostando?
Finalmente, así como ciertos sectores se han arrogado unilateralmente ser los exclusivos defensores de los pobres (a quienes han empobrecido más los regímenes socialistas presuntamente izquierdistas), ellos se han apropiado de la bandera anti-minera, lucha que han ideologizado, y, como tal, enervado. Razón por la cual se presume la dicotomía: derecha a favor de la minería e izquierda en contra. Con lo que la sensatez y la razón han dejado de intervenir.
Propuestas específicas
Ante esta situación, proponemos las siguientes reflexiones y acciones:
Primero.- Debatir el Convenio 169 de la OIT, particularmente los principios básicos referidos a la definición de los pueblos nativos, a quienes se les concede la prerrogativa de la consulta; asimismo (mediante ley) establecer los mecanismos para la consulta popular, tal como lo establece ese instrumento y finalmente definir, legalmente, si ella es vinculante. No puede postergarse un día más la aprobación de la ley de consulta popular.
Segundo.- Que los partidos políticos expliquen su existencia, rescatando su rol de representatividad y generen, por fin, confianza más que rechazo.
Tercero.- Las autoridades regionales y locales no pueden mirar de costado estas manifestaciones, pues con la misma energía con que reclaman más competencias y más recursos, deben asumir su responsabilidad de ser representantes del pueblo.
Cuarto.- Revisar la definición de estas manifestaciones y atribuirles el carácter de protesta (en muchos casos violenta), ya que los conflictos sociales son sociológicamente los motores del cambio de la sociedad y (por todo lo visto) esa no ha sido la finalidad de estas asonadas. Calificándolas como protesta, les daremos el verdadero alcance que tienen y evitaremos que el Estado (legal y legítimamente constituido) "negocie" con alguien que no tenga una representación legal.
Quinto.- A pesar del costo de recuperar el principio de autoridad, entender que es peor sumir al país en el caos. No debemos darle partida de nacimiento a la violencia como instrumento para arrinconar al Gobierno y conseguir de él decisiones tan absurdas como eliminar la actividad minera; el principio constitucional del derecho al libre tránsito debe ser respetado, cualquiera sea el costo.
Sexto.- La "negociación" debe ser reemplazada por el diálogo. La primera es una dialéctica de intereses particulares o grupales, como si fueran bandos opuestos. Pero resulta que esta se da entre peruanos, que se supone tienen visión compartida de país. La segunda es la actividad fructífera mediante la cual pueden superarse desencuentros.
Creemos que estas reflexiones contribuirán para que el presidente Ollanta Humala pueda enfrentar este problema. Que cuanto más se le conozca, mayores serán las posibilidades de enfrentarlo con Éxito.
