Sin embargo, al respecto se ha hecho muy poco, al punto de ocupar el puesto Nº 78 junto con China, en el ranking de Transparencia Internacional con solo 3.8 puntos. Chile ocupa el puesto Nº 21 con 7.3 puntos sobre 10, que corresponde al país menos corrupto o libre de ella.
Todas las definiciones de corrupción, tienen como denominador común el uso indebido del poder. Atributo sin el cual, no podría existir este grave problema social. Esta es la razón por la que se hace tan difícil combatirla.
Para fines pedagógicos, reproduciremos por su sencillez, la definición que sobre este mal nos brinda el Banco Mundial: "se entiende por corrupción el uso indebido del poder en provecho personal. Sin tener en cuenta el lugar en que se encuentren o la posición que desempeñen, cualquier persona puede sentirse tentada a usar indebidamente el poder en provecho propio, siempre que se le permita hacerlo impunemente". He ahí la clave de su génesis: la impunidad.
Sanciones infrecuentes
Esa misma institución financiera dice que la corrupción tiende a surgir y prosperar en aquellos países en los cuales las desigualdades son manifiestas, los recursos escasos, las normas son ambiguas, los castigos infrecuentes, donde existe poca o nula independencia del Poder Judicial, son inefectivos los mecanismos de control y como tal las sanciones son poco efectivas o infrecuentes.
Como vemos, las causas de este cáncer social son variadas, complejas y difíciles de enfrentar. Siendo esta la causa por la cual, se han ensayado diversos análisis y frondosas soluciones que no han llegado a nada.
Algunos de los conocedores del tema, vienen insistiendo en la solución legislativa. Es decir, la dación de leyes estrictas y sofisticadas. Sin embargo (ha quedado demostrado) que la mera existencia de una legislación sobre el particular no es suficiente, si su aplicación no es vigorosa, porque el Poder Judicial atraviesa por el mismo problema o no es totalmente independiente.
Bolsillos insaciables
Actualmente, muchos de los recursos económicos que está generando el crecimiento económico, están engordando bolsillos insaciables, recortando las posibilidades del Estado de luchar efectivamente contra la pobreza. Es por eso que el Banco Mundial dice que: "la acumulación de riqueza gracias al abuso del poder en medio de la miseria pública, pone en tela de juicio la legitimidad del Gobierno". La población deja de creer en él y en las instituciones que luchan por el poder (partidos políticos). Esa es la causa de su mayor desgaste.
Pero también se resquebraja la credibilidad de los organismos de control: El Congreso y la Contraloría General de la República, los exponentes más visibles supuestamente comprometidos en esta lucha, sufren menoscabo.
Siendo un fenómeno tan antiguo como el hombre, es casi imposible erradicarlo por completo. Sin embargo, algunos países como Nueva Zelanda y Singapur, han demostrado que se le puede reducir a su mínima expresión. Pero otros, particularmente los del tercer mundo, no han podido avanzar casi nada en esta lucha.
¿Y el Acuerdo Nacional?
Hace aproximadamente diez años, todas las fuerzas políticas, el Gobierno y representantes de la sociedad civil, confluyeron en el Acuerdo Nacional, y en ese foro se comprometieron con acertado criterio, enfrentar la corrupción a través del arma más efectiva: la transparencia.
Concepto que es definido como la obligación de los sujetos obligados de hacer de conocimiento público la información derivada de su actuación y de la disposición de recursos, que pone en sus manos el Estado. La transparencia y el derecho a la información pública, deberán regirse por los siguientes principios: máxima revelación, sencillez, gratuidad, ámbito limitado de excepciones, apertura de los órganos públicos y celeridad. Principios sin los cuales, carecería de eficacia.
Lamentablemente, nada de lo que se acordó, se cumplió. Siguen en el más absoluto secretismo, grandes espacios de la administración pública. No podemos saber por ejemplo, cuales son los gastos en que incurren los congresistas, con los fondos destinados a representación. No es posible acceder al número exacto de asesores que tiene el Presidente de la República y cuanto ganan (realmente). Muchos gastos de las Fuerzas Armadas, escapan al escrutinio ciudadano. ¿Cuál es el presupuesto asignado a la primera dama de la Nación? ¿Qué razones indujeron a la pareja presidencial para decidir nombrar a una ginecóloga, como nuestra Embajadora en Francia? ¿Cómo se conducen los procesos licitatorios del Estado?
El secretismo es el mejor aliado de la impunidad y la transparencia su peor enemigo. Es cuestión de escoger.
Pista de doble vía
Sin embargo, es bueno poner las cosas en su sitio. La corrupción es como una pista de doble vía. La concusión no sería posible sin que existiera colusión entre las empresas privadas que se prestan, y los organismos públicos. A cada funcionario corrupto (de cualquier poder del Estado) le corresponde un corruptor y viceversa. A menudo las "comisiones" son pagadas por extranjeros, pero también nacionales. Muchas veces las empresas extranjeras argumentan que el soborno es uno de los costos en que incurren, para hacer negocios en el país. Y esto es lamentable.
Esta es en síntesis la definición del problema, el diagnóstico y sus probables causas.
No nos vamos a quedar allí. Nuestra vocación propositiva, nos inspira a sugerir algunas líneas de acción para hacer frente al problema. Ninguna de las cuales será eficaz, si no se toma la decisión política de enfrentarlo.
Aquí no hay milagros
No creemos que estas sugerencias hagan el "milagro" de acabar con la corrupción. Pero, si estamos convencidos que lograremos detener su avance y gradualmente, ir revirtiendo la tendencia progresiva que tiene este delito. Ninguna de ellas es difícil de implementar, solo se requiere (como dijéramos antes de enunciarlas) voluntad política, es decir, cumplir lo que se ha prometido en campaña. Que los recursos que está generando el crecimiento económico no se lo lleven los corruptos ni los delincuentes. Hagámoslo por los pobres, a quienes todos dicen defender.
Termino parafraseando a Juan de Dios Paz, analista político, quién en su artículo "La ética, la transparencia y la anticorrupción: un gran reto para el próximo gobierno", contenido en la revista Nº 2 del 2006 de la Escuela de Gobernabilidad de la USMP: "La lucha contra la corrupción en el actual gobierno (se refería al de Alan García) fue un desencanto, a pesar del discurso del gobernante de turno y de la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción.
La razón fundamental de esa desilusión fue la falta de convicción y de decisión política de las altas autoridades del país, situación que aún está pendiente de resolver con valor, coraje y realismo". Párrafo que no hace sino confirmar las premisas que sugerimos antes de emprender los cursos de acción que hemos sugerido. Decisión, valor, coraje y realismo. No hay otra forma.
propuestas
Basta de promesas y frases para la tribuna. Sobre esa base recomendamos lo siguiente:
1. Hacer efectiva la Ley Nº 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y dar un plazo perentorio de no más de un año, para que todas las dependencias públicas implementen su portal de transparencia. Cambiar el espíritu de la ley: la información debe estar disponible en internet y no entregada a solicitud. Modificar el Reglamento de dicha ley, en el sentido que quienes no entreguen información, no incurren en una falta administrativa, sino en un delito, y como tal, pasible de denuncia penal. Si el presidente de la República y el Congreso están comprometidos de verdad en esta lucha, deben ser conscientes que la transparencia es la mejor herramienta para combatirla.
2. Que se incluya a las Comisiones de Fiscalización del Congreso de la República, como probables cómplices en los procesos de investigación de las gestiones de los gobiernos investigados, ya que ellos (en su momento) debieron ejercer esta responsabilidad constitucional con el Gobierno de turno. Esto evitaría, que las mayorías parlamentarias, hagan labor de "blindaje" del Gobierno en funciones, atentando contra el equilibrio de poderes, fundamento del Estado de Derecho.
3. Que el Contralor General de la República, sea comprendido como cómplice en las investigaciones que hace el Congreso sobre gestiones gubernamentales anteriores; ya que si hubiera ejercido eficientemente su labor de control a la gestión del Gobierno investigado, habría detectado y denunciado, lo que posteriormente descubrió el nuevo Congreso.
4. Dado que ningún funcionario de alto rango ha sido procesado y sentenciado por delitos de corrupción (ejemplo el caso Business Track), someter a investigación a los jueces y fiscales, que prolonguen los procesos, para promover la impunidad. Para ello la OCMA debe comprometerse en esta lucha, porque uno de los factores que alientan la corrupción, son los castigos infrecuentes y las faltas de sanciones. Aspectos que están en manos del sistema de administración de justicia.
5. Como en Singapur, elevar la corrupción a la categoría de delito grave, como tal, endurecer las penas sin beneficios carcelarios. Cuanto más alto el cargo del funcionario público, más drástica la condena. Y si es miembro de los órganos de control (Congreso, Contraloría, Poder Judicial) este hecho debe considerarse como agravante. Los procesos deben ser sumarios.
6. Incrementar en todos los centros de enseñanza (estatal y privado) el aprendizaje sobre valores éticos y morales. Para ello, el peor ejemplo es la impunidad. Es por esta razón, que dicha enseñanza, debe comprender casos emblemáticos de corrupción, como algo que jamás se debe repetir. Debiéndose incidir en lo siguiente: cuáles son los mecanismos de control y la responsabilidad que tienen en la lucha contra la corrupción, las razones por las que incumplen su función y las penas que les espera por incurrir en el delito de encubrimiento. Los niños, los jóvenes de este país, deben estar convencidos que los mayores, estamos librando una lucha frontal contra esta lacra.
