Revocatoria Derecho Fundamental: Respetarlo es una Obligación

Los derechos fundamentales contenidos en la Constitución son aquellos imprescindibles para el perfeccionamiento de la persona humana, para el progreso social o para el desarrollo de la civilización. Le costó mucho a la humanidad lograr positivarlos, razón por la cual es nuestro deber protegerlos antes que pretender atentar contra ellos.

Uno de esos derechos fundamentales es la revocatoria. En efecto, el capítulo I, Artículo 2º, inciso 17 dice textualmente: "Toda persona tiene derecho a participar en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la Nación. Los ciudadanos tienen conforme a ley, los derechos de elección, de remoción o revocatoria de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum."

Y la ley a que se refiere este derecho fundamental ya se dio. Es la Ley Nº 26300 de mayo de 1994, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, que precisa los mecanismos para invocar la revocatoria.

Pretender desconocer este derecho, es atentar gravemente contra la democracia y el Estado de Derecho. Decía Karl Popper ("La sociedad abierta y sus enemigos") que lo que diferencia a la democracia de la tiranía es su perfectibilidad, así como su constante adaptación a las aspiraciones de los gobernados, los que deben tener derecho a sustituir a los gobernantes sin tener que acudir a la revolución o al derramamiento de sangre.

Miles de procesos

La actual Carta Magna data de 1993, y en su construcción participaron muchos de los que hoy se oponen al ejercicio del derecho a la revocatoria. Sin embargo no se opusieron a ella, cuando se revocaron miles de autoridades locales distritales y provinciales, en el interior del país. No esgrimieron ninguno de sus absurdos argumentos para oponerse a estos miles de procesos.

Elegir y revocar son las dos caras de una misma moneda: la democracia. Mediante la elección, el pueblo decide concederle parte de su poder al gobernante y a partir de ese instante se convierte en su único legitimador. No existen, ni tienen porque existir, cheques en blanco ni plazos inexorables. En esto pensaron quienes construyeron la Constitución.

La autoridad no se elige a sí misma, el pueblo es la que la convierte en su mandataria. Y es a través de la democracia participativa (promovida por la Constitución) que participa en la administración del poder que le concedió. Es este el mecanismo mediante el cual exige eficiencia y cumplimiento de los compromisos que se asumió durante la campaña. Es obvio que si el pueblo se da cuenta que cometió un error, tiene la absoluta facultad de rectificarse.

Cónclave anti revocatorio

¿Es desinteresado el apoyo de Perú Posible, conociendo a Alejandro Toledo? ¿Cómo han podido confluir Santos, Saavedra, Andrade, Acuña, Flores Nano en este cónclave anti revocatorio? ¿Qué extraña gestión hizo la alcaldesa Susana Villarán, para que los pobres de la ciudad (sectores D y E, que son la mayoría) hayan decidido revocarla?

Lo que subyace en todo este afán anti revocador, es el espanto que ha causado en todos los locales partidarios (que son muy pocos) y las cúpulas partidarias, el despertar de la población; y ese conglomerado de ciudadanos, a los que se les prometió de todo durante la campaña y aceptaron resignadamente después que ninguna de esas promesas se cumpla. Ese es el escenario en el que ha venido navegando feliz la clase política que ha detentado el poder durante muchos años.

Soberanía popular

Sin embargo, el peso de la soberanía popular, aquella que legitima el poder, parece hacer inexorable el cambio de escenario. Están advertidos, tendrán que ser (como nunca lo fueron) eficientes en la gestión y se verán obligados a cumplir lo que prometan. La resignación, a partir del 17 de Marzo, solo será un mal recuerdo del pasado, sea que gane el SÍ o el NO.

No resulta extraño que determinados empresarios sean aliados de radicales como Saavedra y Santos en el NO. El dinero no tiene ideologías. Da lo mismo recibir ganancias en el bolsillo izquierdo o el derecho. Ellos saben que la ciudad no va a parar. Porque los contratos que se suscriban serán de ejecución legal.

Derechos fundamentales

Creo en la democracia y admiro a Popper por concebirla perfectible. Creo en el Estado de Derecho, por eso defiendo con firmeza el ejercicio de los derechos fundamentales, a los que no debemos renunciar jamás. Creo en la soberanía popular, porque soy un convencido que al pueblo no tan solo le corresponde la titularidad del poder constituyente del Estado, sino también el ejercicio del poder constituido.

Y con todos sus defectos (por ser obra humana) prefiero la rectificación a la resignación. Una nueva ciudadanía emergerá de las urnas el 17 de Marzo. Es insensato oponerse a este parto inexorable. Están advertidas las cúpulas partidarias. Harían bien en escuchar los ecos de la calle a los que no prestaron oídos hace mucho tiempo.

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Representación y Lucha por el Poder: Conceptos Desconocidos

No me voy a referir  al esfuerzo exitoso que desplegó el Congreso  por dinamitar la minúscula legitimidad  que aún le quedaba, al aprobar, por unanimidad,  un embozado aumento  de sueldos. De ello ya se encargó la prensa con tal efectividad que se vieron obligados  a retroceder  contra su voluntad.

Voy a ocuparme del argumento pueril que inspiró el aumento y las consecuencias políticas de la contundente derrota. Dijeron a coro los congresistas  que "no les alcanzaba la plata para sufragar sus gastos de representación".

Festival populista

Por si quedaban dudas respecto a lo que estos servidores públicos entienden por representación, un programa periodístico reafirmó lo que todos sabemos.

Se despilfarran nuestros dineros en agasajos, regalos, polladas, fiestas y padrinazgos a lo largo y ancho del país (incluido Lima-Provincias), convirtiendo esta seria responsabilidad congresal en un festival populista. El mismo que tiene como único fin incrementar sus índices personales de popularidad con miras a la reelección.

Dado el defectuoso  sistema reeleccionista que tenemos cada cual tiene el derecho de  pretender vivir del Estado por tiempo indefinido. Porque muy pocos tienen la capacidad  profesional para ganar S/. 20.000.00 en la actividad privada. Lo que condenamos es que se pretenda utilizar el dinero de todos nosotros para conseguir tal fin.

Esta es la razón por la cual el sistema democrático en nuestro país no goza de buena salud, ya que es creciente el desencanto del pueblo por no sentirse adecuadamente representado.

Emmanuel Sieyés, decía que los parlamentarios son elegidos para "conformar un órgano autónomo y deliberante, no para ser portavoces  y defensores de intereses particulares"; es decir tienen una función de representación de los intereses de los ciudadanos; por lo tanto no pueden actuar  de espaldas a ellos. Lamentablemente, nuestro Parlamento está muy distante del enunciado de Sieyés.

Estado de Derecho de ficción

¿Pero qué es representación?; León Duguit ("Manual de Derecho Constitucional") dice: "la representación no es más que la situación  en que uno o varios  individuos ejercen funciones  de Estado, en nombre de otros que detentan de hecho la mayor fuerza". ¿Y cuáles son esas funciones de Estado, que en nombre de todos, ejercen los parlamentarios?

Básicamente dos: legislar (dar leyes) y fiscalizar (ejercer control del poder  y los recursos de los que dispone el Poder Ejecutivo).

En tal virtud se convierten en el contrapeso del poder, no en su apéndice como hoy sucede. Vivimos en un Estado de Derecho de ficción. Adolecemos de su pilar más importante: el equilibrio de poderes.

Quienes desde Locke y Montesquieu concibieron el sistema de pesos y contrapesos intuyeron que "debido a la fragilidad de los hombres (los cuales tienden a acumular poder), estos podrían ser tentados a tener en sus manos  el poder de hacer leyes y el de ejecutarlo para así eximirse  de obedecer las leyes que ellos mismos hacen".

Por esa misma razón le anularon al Congreso  la iniciativa de gasto. Solo aprueban el presupuesto, proceso folclórico que en el Parlamento da lugar a interminables pedidos de incluir obras desordenadas, carentes de planificación  y sin el más mínimo criterio  de costo-beneficio; con tal de ganar popularidad  en sus respectivos pueblos. Rito risible que se repite todos los años, sin que su acatamiento haya hecho mover al país un milímetro hacia su desarrollo. Probablemente, la pobreza  legislativa, esté siendo disimulada, con populismos desenfrenados.

Legitimación del Poder Legislativo

La eficiencia del Congreso se mide  respecto al cumplimiento de sus  dos funciones básicas. Por lo que reclamamos  que el sueldo que se les pague esté en relación directa al desempeño en ellas.

La suma de popularidad de sus miembros no da como resultado la legitimación del Poder Legislativo.

Las declaraciones poco atinadas  del presidente del Consejo de Ministros, criticando el aumento de las remuneraciones congresales, permitió destapar (aunque todavía a medias) los altos sueldos que perciben muchos funcionarios públicos del Gobierno (algunos por encima del sueldo presidencial).

Mandobles entre ministros y congresistas, alimentaron  los titulares  de una prensa ávida de dimes y diretes. Lo que pasó por alto esta discusión  mediática, fue la finalidad de la lucha por el poder. Es decir, el qué y para qué luchan los partidos políticos entre sí.

De eso nos vamos a ocupar. No de los adjetivos. El partido político, a decir de Maurice Duverger ("Los partidos políticos") es una asociación de individuos unidos  por objetivos comunes  y persiguen como meta  alcanzar el control del Gobierno para llevar a la práctica esos objetivos.

Los partidos políticos actúan como estructuras intermedias que conectan el Estado con los ciudadanos y la sociedad civil. Por lo tanto su sino es la lucha por el poder.

Servicio cívico al país

Giovanni Sartori, los define "como cualquier  grupo político que se presenta a elecciones  y que pueda colocar mediante ellas  a sus ciudadanos  en cargos públicos".

El qué está dado por el fin de llegar  al poder ocupando  los cargos de dirección del sistema político, y el para qué, lo define el concepto de servicio cívico al país.

Dicho esto, los partidos no luchan  por el poder para servirse de él (porque eso es corrupción) ni para colocar funcionarios  que vean el Estado como un botín.

Sé que suena iluso entronizar en nuestra cultura el concepto de servicio al país, luchando ferozmente  contra la decisión  de servirse  a sí mismo. Pero no creo en guerras perdidas antes de emprenderlas.

En muchos países es un honor servir al Estado. El gran maestro Víctor Raúl Haya de la Torre nos dio una lección de vida. Cobró un sol como sueldo en el Congreso que le tocó presidir. Probablemente este sea un ejemplo extremo. Pero la solución  no es un bandazo: correrse al lucro desenfrenado aprovechándose del cargo.

La ministra Ana Jara, ha admitido abiertamente su culpa; devolviendo el dinero que indebidamente cobró.

El presidente Humala la justificó con los disparatados argumentos a los que nos tiene acostumbrados. Si ya devolvió: ¿dónde está la falta? Idéntico argumento expresó la "estadista" Nadine Heredia.

Por confesión propia ya sabemos que el partido de Gobierno luchó  por el poder no para servir al país, sino para servirse a sí mismo.

Creo que ambos conceptos: representación y lucha por el  poder  (incluida su finalidad) deben ponerse en debate. Sucumbir  a la chatura del  objetivismo no contribuye en nada  a consolidar nuestra democracia en ciernes.

Menos si como consecuencia de titulares superficiales, un ex presidente del Congreso insinuara que clausurar este poder del Estado sería un incidente menor  que contaría con el beneplácito de la ciudadanía.

¿Mejor por qué no emprendemos un esfuerzo pedagógico para tener mejores ciudadanos dentro y fuera de la estructura del Estado?

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Tráfico Ilícito de Drogas: La Historia del Fracaso Penalizador

Nota de Redacción.- Por tratarse de un tema de interés no solo local, sino internacional, estamos publicando el Trabajo de Investigación titulado "Tráfico Ilícito de Drogas: La Historia del Fracaso Penalizador" que

desarrolló el Dr. Marco Antonio Arrunátegui junto a sus colegas: Katherine Del Río Suárez, Cecilia Vásquez Maza, César Canchari Chacaliaza y Humberto Valladares Ñaupari.

Este informe fue presentado en la Asignatura: Derecho Penal II, cuyo Catedrático es el Dr. Juan Carlos Jiménez de la Universidad Nacional Federico Villarreal en la Maestría en Derecho Penal.

Tráfico Ilícito de Drogas:

La Historia del Fracaso Penalizador

Para abordar adecuadamente el problema del trafico ilícito de drogas, es pertinente recordar que es difícil encontrar en la historia de la humanidad una cultura que no haya hecho uso (por lo general ritualizado) de alteradores de la conciencia. Las sociedades siempre han tenido drogas, según lo señalan Roberto Lerner y Delicia Ferrando.Lo que es reciente, es la adicción obsesiva. La masificación del consumo inspiró a los Estados el camino para un manejo criminalizado del problema y con ello, la existencia de una red ilegal y subterránea de la comercialización. Lo que hay que preguntarse entonces, no es tanto por qué se consume droga (porque la humanidad siempre lo ha hecho); sino: por qué se la consume en algunas sociedades contemporáneas en forma obsesiva y por qué la respuesta a ese mayor consumo ha sido la criminalización. En este contexto, se denomina narcotráfico al comercio clandestino de drogas adictivas prohibidas, normalmente por mafiosos, siendo una de las principales fuentes de dinero ilícito a partir del siglo precedente.

6000 años de antigüedad

El alcaloide de la cocaína fue aislado por primera vez en 1844 y administrado cuarenta años después (1883) por el Dr. Theodor Aschenbrant, un físico del ejército prusiano, a los soldados bávaros para sus maniobras de otoño; droga producida por el laboratorio Merck. Pero el consumo de hojas de coca en América, tiene más de 6000 años de antigüedad.

A pesar de estos antiguos antecedentes, recién el año 1912 la comunidad internacional, tomó conciencia que el consumo de estupefacientes y el narcotráfico eran un problema que competía al conjunto de la humanidad, promoviendo en La Haya la Convención Internacional sobre el opio, a la que el Perú se adhirió el 24 de julio de 1913; la misma que fue sustituida por la Convención Única sobre estupefacientes de 1,961 en la que se incluyó en el artículo 1º la cocaína, derivada del arbusto erythroxilon (coca).

Actualmente el narcotráfico es el problema más grave que afecta a la humanidad. Expresa una gama variada de contradicciones de la sociedad contemporánea. Tiene a su vez, efectos y repercusiones en distintos planos de la vida social: la economía, las relaciones jurídicas, el medio ambiente, el orden público, la estabilidad institucional y las relaciones internacionales, entre otros; como dice Diego García Sayán. 

 

Corrupción y violencia

Este ilícito "negocio" genera dos graves consecuencias: corrupción y violencia, atentando contra la soberanía de los Estados. Sin embargo, todos los esfuerzos nacionales e internacionales por enfrentar el problema, han fracasado. Cada día el consumo es mayor y obviamente, se ha incrementado la producción, obedeciendo a las leyes de oferta y demanda. A todas luces, la concepción penalizadora no ha surtido el efecto deseado.

Para continuar, es pertinente resumir los siguientes conceptos; primero; todas las civilizaciones han consumido sustancias sicotrópicas, ninguna de las cuales (una vez descubiertas o inventadas) han desaparecido. Conviven de diversas formas en la sociedad. Segundo, este no es un problema nacional, sino que compete a toda la humanidad, porque unos Estados son los que consumen y otros los que las producen. Tercero, a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho, debemos reconocer que no hemos tenido éxito; y cuarto, la corrupción y violencia con que "compiten" los Cárteles, por segmentos de "mercado", son consecuencia de la actividad ilegal y subterránea en que se mueven.

Y finalmente, mientras el narcotráfico sea el negocio más importante y floreciente del planeta, como dijo Francis A. Keating, asistente del Secretario del Tesoro de los EEUU en 1988, la solución está cada vez más distante, pero no imposible.

 

Politica Criminal Internacional

 

Convenios Multilaterales: El primer convenio multilateral contra los estupefacientes se suscribió en 1912, en el expreso entendimiento de que el uso de estas sustancias y el narcotráfico, son un problema que compete al conjunto de la humanidad.

Fue firmando el 23 de Enero en La Haya, y tuvo por finalidad la "supresión progresiva del abuso del opio, la morfina, la cocaína, así como de las drogas preparadas o derivadas de estas sustancias". El Perú se adhirió a esta Convención el 24 de Julio de 1913, y al Protocolo de Ejecución de la misma al firmar el Tratado de Versalles. Habiéndonos comprometido (Capítulo IX) a "limitar la fabricación, la venta y el empleo de la cocaína".

Posteriormente a este Convenio se suscribieron otros con los mismos fines, hasta llegar a la Convención Única sobre estupefacientes de 1961, la que abrogó todas las anteriores, considerando en su preámbulo que para "ser eficaces las medidas contra el uso indebido de estupefacientes se hace necesaria una acción concertada y universal".

En el Artículo 26 ("El arbusto de coca y las hojas de coca") se comprometieron los Estados participantes, entre ellos el Perú, a "arrancar de raíz todos los arbustos de coca que crezcan en estado silvestre y destruirán las que se cultiven ilícitamente". es pertinente preguntarse: ¿hemos cumplido este convenio que suscribimos voluntariamente en 1961?

Responsabilidad colectiva: Posteriormente, en Asamblea Plenaria celebrada el 19 de Diciembre de 1988, las Naciones Unidas celebraron la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, en la que, las partes reconocen que "la erradicación del TID es responsabilidad colectiva de todos los Estados y que, a ese fin, es necesaria una acción coordinada en el marco de la cooperación internacional".

Y en cumplimiento del Artículo 3º (Delitos y Sanciones) nos comprometimos a tipificar como delito penal la fabricación, la extradición, la preparación, la oferta, la distribución, la venta, la entrega, el envío, la importación o la exportación de cualquier sustancia sicotrópica en contra de lo dispuesto en la Convención de 1961.

Esta Convención estuvo abierta para la firma desde el 20 de diciembre de 1988 hasta el 28 de febrero de 1,989 en la Oficina de las Naciones Unidas en Viena.

Estos tres documentos internacionales (el de 1912, el de 1961 y el de 1988) son los principales Convenios Multilaterales a los que el Perú se adhirió, y como tal, de ejecución obligatoria. Pero ellos también comprometieron a los países consumidores a enfrentar este problema, en el entendido que la demanda genera la producción y no al revés. Después de estas declaraciones de intenciones, cabe reflexionar nuevamente, si hemos tenido éxito, a pesar de los compromisos asumidos.

Convenios hemisféricos: El 25 de abril de 1986 se firmó en Río de Janeiro el Programa Interamericano de Acción Contra el Consumo, la Producción y el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (OEA-CICAD) en el que se establece (Capítulo 6º) que "el TID constituye un fenómeno global que puede amenazar la soberanía de los Estados y la integridad e identidad de los pueblos".

Se crea la Comisión Interamericana para el Control de Drogas (CICAD) y se asigna al Comité Jurídico Interamericano la responsabilidad de estudiar la conveniencia de armonizar las legislaciones nacionales sobre el TID.

A este programa, le siguieron la Declaración de Guatemala (15 de Noviembre de 1986) y la Reunión Ministerial "Alianza de las Américas contra el Narcotráfico". Declaración y Programa de Acción de IXTAPA celebrada el 20 de abril de 1,990, en la que se exhorta a los países (Artículo 11) para que realicen "un adecuado control fronterizo para impedir la acción de los narcotraficantes en las zonas de frontera".

Otras fuentes de ingreso:  El 15 de Febrero de 1990, se realizó la Cumbre Andina en Cartagena, Colombia. En ella se señalan el "Desarrollo Alternativo y la Sustitución de Cultivos de la Hoja de Coca", como vías para fomentar el aumento de oportunidades de empleo y de ingresos en las zonas cocaleras, con el fin de alentar otras fuentes de ingreso para los productores de estas hojas.

Se señala también que la erradicación puede ser una parte esencial en la lucha contra el TID en cada país. Asimismo se insiste en la interdicción para interrumpir la corriente de drogas ilícitas que se dirige del productor al consumidor. Comprometiéndose además al control de activos financieros y de las sustancias químicas esenciales usadas en la producción de drogas ilícitas.

A ella le siguió la Cumbre sobre Drogas en San Antonio, Texas de 1992, en la que EEUU y las NNUU, se comprometen a establecer una base amplia para el financiamiento del Desarrollo Alternativo.

Luego la V Cumbre Presidencial del Grupo de Río en 1991 y las Actas de La Paz y Caracas. A ellas les siguieron múltiples convenios bilaterales.

Política Criminal Interna

Normatividad Nacional

Derivada de los compromisos internacionales asumidos e interpretando nuestra dramática realidad, el Estado peruano diseñó una política criminal en el problema de las drogas, traduciéndose en una normativa penal nacional, contenida en leyes, decretos legislativos, decretos leyes, decretos supremos, resoluciones legislativas, resoluciones ministeriales y resoluciones supremas, constituyéndose estas, en un frondoso activo de dispositivos legales para penalizar el TID.

En orden de prelación, comenzaremos comentando las leyes. Para tal efecto, debemos mencionar la ley Nº 22095, Ley General de Drogas del 21 de Febrero de 1978, como la más antigua. A ella le siguieron la Nº 4388, la misma que modificó varios artículos del Código de Procedimientos Penales, aprobada el 5 de diciembre de 1985.

Luego tenemos el Decreto Ley Nº 25623, en el que se especifican los productos e insumos químicos directos o indirectamente destinados a la elaboración de pasta básica de cocaína, pasta lavada y clorhidrato de cocaína que estarán sujetos a control y fiscalización, aprobado el 21 de Julio de 1992.

Asimismo, se registra una gran cantidad de Resoluciones Legislativas, Ministeriales y Supremas, referidas el tema. Con lo que queda demostrado que el ordenamiento jurídico para combatir el narcotráfico es frondoso, el mismo que se resume en el Código Penal Vigente.

La planta de coca

La coca es un arbusto de clima amazónico. Se desarrolla óptimamente entre los 1,000 y 2,000 mts. por encima del nivel del mar. Sus propiedades estimulantes, debido a ciertos alcaloides que contienen sus hojas, la hicieran muy apreciadas desde tiempos precolombinos.

Inicialmente, hace más de sesenta años, se cultivó coca en el Perú solo para consumo tradicional. Preferentemente, los sembríos estuvieron ubicados en los contrafuertes del Este de la cordillera oriental de los andes, concretamente en la franja que se extiende entre las ciudades de la Paz (Bolivia) y el Cusco (Perú).

Sin embargo la masificación del  uso de la cocaína, extendió inevitablemente las áreas, y por razones climáticas y de suelo, se asentó en el Huallaga, luego en diversos valles de la sierra y selva, incluido el de los ríos Apurímac y Ene (VRAE), habiendo llegado en la actualidad a 62,000 hectáreas  según la UNODOC. Extensión que a pesar de todos nuestros esfuerzos en contrario siguen creciendo. ¿Cómo podría disminuir, si se está incrementando la demanda de cocaína?

La hoja de coca es famosa por los 14 alcaloides estimulantes que contiene, el más conocido de los cuales es la cocaína. No es sin embargo, la única sustancia que contienen las fibras de la hoja. En 1997 Timothy Plowmann de la universidad de Harvard demostró que 10 grs de coca proporcionan 305 calorías, 19 grs de proteínas, 5grs de grasas, 46grs de hidrato de carbono, 1.5grs de calcio, 1.4grs de vitamina C y 11,000 UI de vitamina A.

Comercialización

Dado que la producción y comercialización, son penadas por Ley, estas actividades son "subterráneas" y están a cargo de mafias que compiten por abastecer la mayor cantidad de "nichos" de mercado en el ámbito nacional e internacional.

El Perú solo consume el 1.7% de cocaína que produce, particularmente la pasta básica. Dada la baja demanda, los precios nacionales también son centros de consumo. Hasta hace una década, el mercado dominante eran los EEUU. Luego este se orientó hace el Asia y Europa así como algunos países Asiáticos. Hoy el mercado más dominante es el Brasil.

El volumen de cocaína procedente de Bolivia, Colombia, Perú, se incrementó  en  52% en los últimos 5 años. Sin embargo, incautaron entre el 2007 y 2012, 130 toneladas, cifra mayor en 52% a lo incautado  entre 2003 y 2007.

84,000 millones de dólares

Las oficinas de las Naciones Unidas para el Tráfico de Drogas y el Crimen Organizado (UNODOC) estiman el mercado mundial  de la cocaína en 84,000 millones de dólares; cifra astronómica que nos induce a pensar, si una "industria" que mueve esa fabulosa cifra cada año, puede desaparecer.

Para aquilatar como se mueve el negocio de la comercialización hacia los EEUU, por ejemplo, diremos: 1kg de cocaína pura se vende en Colombia a 1,700 dólares. Al Cruzar el canal de Panamá el precio es ya 2,500 dólares y va aumentando  en la medida en que avanza en su recorrido a ese país.

En la frontera norte de México alcanza los 12,000 a 15,000 mil dólares  y al ingresar a los EEUU, por ejemplo vale 20,000 mil dólares y 30,000 mil en la costa oeste. Pero en ese país se "rebaja" para obtener cuatro kilos, elevándose a 120,000 mil dólares.

Extraño, muy extraño

La DEA, tan diligente en investigar e identificar los Cárteles de la droga en otros países, no ha logrado hasta hoy (por razones sospechosamente extrañas) identificar los nombres de los Cárteles  de su país. Extraño, muy extraño.

Queremos terminar este capítulo, transcribiendo lo que dijera Nancy Reagan en su último mensaje como esposa del Presidente de los EEUU  el 25 de octubre de 1988: "El Cártel de la cocaína no comienza en Medellín. Comienza en las calles de Nueva York, Miami, Los Ángeles, en cada ciudad de Estados Unidos donde se compra y vende la cocaína. El consumidor de drogas, es quien proporciona el mercado y quien financia la empresa".

¿Qué nos hace pensar entonces que existiendo una demanda creciente, se puede disminuir  la oferta? ¿Que nos hace pensar que una política criminalizadora, que ha fracasado hasta hoy en su intento de enfrentar el problema, tendrá mayor efectividad en el futuro?

Legislación Penal Peruana

 

Conceptos Preliminares.-  Es pertinente comentar previamente el artículo 23º referido a la autoría. En él se dice que el que realiza por sí o por medio de otro el hecho punible, y los que cometan conjuntamente serán reprimidos con la pena establecida por esta infracción. Conforme a la teoría objetiva estricta, dice el Dr. Luis Bramont Arias:  "es autor todo aquel que contribuye causalmente a la realización del hecho, con independencia de la mayor o menor importancia de su contribución causal". Todo colaborador es autor.

Hacemos esta anotación, en razón que los llamados "remanentes de Sendero Luminoso", son reconocidos colaboradores de las firmas del narcotráfico que operan en el Huallaga y el VRAE, tal como ellos mismos lo han admitido, razón por la cual los delincuentes capturados, han sido procesados por narcotráfico.

La Sección II, Tráfico Ilícito de Drogas, reconoce que no se castiga el consumo de drogas por adultos, lo que iría en contra de la libertad individual de toda persona. Pero hay un aspecto muy importante que señalar: desde una perspectiva criminológica, la simple prohibición resulta siempre criminógica y más dañina socialmente. Es decir, prohibir la comercialización de la droga, aumenta la criminalidad organizada. Con lo que resulta paradójico: cuanto más se persigue el delito, más se alienta la corrupción y la violencia de esta "industria".

Código Penal: TID.- El tráfico ilícito de drogas, se introduce en el ordenamiento jurídico–penal de todos los países, con la finalidad de dar cumplimento a los tratados internacionales que suscribieron en forma voluntaria.

En nuestro país, se penaliza el TID y además la utilización de "precursores" para elaborar la droga. El Código Penal en su artículo 296, prescribe respecto a ambos delitos lo siguiente:

"El que promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, mediante actos de fabricación o tráfico o los posea con este último fin, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años, con ciento ochenta a trescientos veinticinco días – multa e inhabilitación conforme al artículo 36°, inciso 1,2 y 4".

Respecto a los "precursores" establece que: "El que importa, exporta, fabrica, produce, prepara, elabora, transporta, almacena, posee, adquiere, vende o de cualquier otro modo transfiere insumos químicos o productos sin contar con las autorizaciones respectivas, o contando con ellas se hace uso indebido de las mismas, con el objeto de destinarlos, a la producción, extracción o preparación ilícita de drogas, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de cinco ni mayor de diez años y con  sesenta a ciento veinte días de multa".

"El que posee droga en dosis personal para su propio e inmediato consumo está exento de pena. Para determinar la dosis personal, el Juez tendrá en cuenta la correlación peso–  dosis, la pureza y la aprensión de la droga.

Estos ilícitos penales tienen relación con los delitos contra la ecología, contenidos en el Título XIII, particularmente con el artículo 304° "vertido ilegal de residuos sólidos, líquidos, gaseosos o de cualquiera otra naturaleza, que causen o puedan causar perjuicio o  alteraciones en la flora, fauna y recursos hidrobiológicos.

Todos estos ilícitos tienen sus agravantes, los mismos que están contemplados en los artículos 297° y 305°.

Consideraciones Político Criminales.- El legislador peruano (como se puede ver) ha tipificado en esta caso los actos preparatorios, en relación al cultivo y la fabricación de productos tóxicos o estupefacientes  o sustancias  sicotrópicas, porque ha querido concertar con la comunidad internacional los instrumentos jurídicos orientados a la represión de determinadas actividades definidas como singularmente amenazadoras, perjudiciales para el bienestar de los pueblos, así como lo dice Francisco muñoz conde.

Sin embargo, el Código Penal solo penaliza la siembra compulsiva de las hojas de coca, quedando en el limbo, quien legaliza los otros sembríos, los que voluntariamente son cultivados, siendo que estos son el insumo más importante para fabricar la cocaína. La pregunta sería entonces ¿estamos cumpliendo a cabalidad la Convención Única sobre Estupefacientes?

"Ley  penal  en blanco".- Merece una mención especial, que la penalización referida a los "precursores", es una "ley  penal  en blanco", esta se justifica – como dijera Peña Cabrera – por la circunstancia de que hay materias en las cuales el Legislador debe actualizar esta técnica excepcional, debido a situaciones sociales fluctuantes que exigen una legislación de oportunidad. Sin embargo es bueno remarcar  que el convenio de Viena no obliga a los Estados partes la creación de un tipo autónomo del tráfico de precursores, pero si exige la lucha contra el TID. El delito de tráfico de precursores, es un delito de anticipación. Razón por la cual, pareciera que es necesario revisar el principio de proporcionalidad, debido a la presunta elevada imposición de la pena para este delito.

Combate Punitivo: Del Huallaga al VRAE

Como dijimos, hace más de sesenta años, se comenzaron a extender los cocales del valle de La Convención, ante la creciente demanda de la cocaína en el exterior.

Dada las condiciones climáticas y de suelo, los agricultores de la sierra central, migraron hacia el valle del Huallaga, para sembrar coca. Y con esta actividad, dieron inicio a la elaboración de la droga en ese territorio. El Estado peruano decidió enfrentar represivamente el problema e incrementó exponencialmente la presencia de las fuerzas del  orden: PNP y EP, Instalando bases militares y puestos policiales, debido a que los narcotraficantes se aliaron a Sendero Luminoso, organización criminal que estableció lazos  con ellos, obteniendo pingües ganancias para financiar sus desquiciados propósitos políticos.

Hace una década, por el "efecto globo", estos cultivos se trasladaron al VRAE (valle de los ríos Apurímac y Ene), donde el clima y suelo también son propicios, y la presencia de las fuerzas del orden es menor. A su vez, se abrieron nuevas rutas hacia Bolivia y luego Brasil, o directamente hacia este país, vía aérea. Y como era de esperarse, los "remanentes senderistas" también migraron a este sector y se volvió a generar la misma alianza que tenían en el Huallaga; solo que ambos (narcotraficantes y terroristas), habían aprendido de su experiencia en el Huallaga. Razón por la cual, se hace más difícil para el Estado enfrentarlos eficazmente.

Estrategia fallida

Como si se tratara de dos problemas diferentes el  estado peruano ha decidido aplicar una estrategia en el Huallaga y otra en el VRAE (no VRAEM, porque el valle del Mantaro está sumamente distante). Y como lo  hizo en el Huallaga, ha diseminado efectivos de la Policía  y el Ejército en la zona. Sin una visible unidad de comando y actuando en forma independiente, la lucha militar contra esta lacra no ha sido efectiva a pesar del tiempo (más de seis años) y la fuerza (más de 5,000 efectivos). Actualmente el VRAE produce el 40% del total de cocaína producida en el país (320 toneladas), siendo que en la década del noventa del siglo pasado no llegaban ni al 5%. Y esta cifra está en aumento, no en decremento.

¿Policía o Ejército? ¿O ambos?

Atrapados en sus indefiniciones, el Estado viene empleando como dijimos, efectivos de ambas fuerzas. Pero resulta que combatir el TID es una responsabilidad  que le compete  a la PNP, la misma que por corrupción no ha podido decomisar ni el 5% de la droga producida, ni el 3% de los "precursores" empleados. Para luchar contra el TID, el Ejército (como lo hizo una época en el Huallaga) necesita la dación de dispositivos  legales que lo autoricen.

Sin embargo la experiencia ha demostrado que tampoco pueden sustraerse al poder corruptor del TID. La experiencia del Huallaga fue un episodio negro para la institución castrense.

Pero puede existir una fórmula de colaboración. La Policía actúa contra los narcotraficantes y el Ejército, puede actuar como fuerza de contención o aislamiento.

Esto es justamente lo que se viene debatiendo en el Congreso. Algunos países como Colombia y México, han involucrado a sus  fuerzas armadas en esta lucha. Pero los resultados son desalentadores. Se sigue produciendo más droga y la violencia se ha incrementado. Existe la apreciación equivocada que capturando a los cabecillas de los Cárteles, se acabará con el problema. Nada más desacertado. Estas son organizaciones que existen no por los capos, sino porque los interese son compartidos por varios. Desapareciendo uno, otro tomará la posta.

¿Narcoterroristas?

El Estado peruano aún no ha podido definir quién es el enemigo en el VRAE. Algunos dicen que son terroristas, otros que son narcotraficantes, pero los más (incluso voceros del Gobierno) dicen que son "narcoterroristas"; pero resulta que en el Código Penal no existe este ilícito penal, por lo tanto, constitucionalmente no podrán ser juzgados por un delito inexistente.

Si estos "remanentes senderistas" colaboran, apoyan, facilitan y dan seguridad a los productores y comercializadores de cocaína, no hay ninguna duda que son narcotraficantes. la prédica senderista, solo es una forma de distraer y confundir  al Gobierno, restándole eficacia a sus acciones como ha sucedido hasta hoy.

Sin embargo, si se cortan los flujos de "precursores" a las zonas del VRAE, no habrá posibilidad de convertir la hoja de coca en droga. Para ello, el Ejército si será eficaz, cerrando las direcciones de aproximación. La policía ha demostrado ineficiencia por corrupción.

Conclusiones

 

A.- Las sociedades siempre han tenido drogas, y una vez inventadas no han podido ser erradicadas.

B.- El narcotráfico o TID, es el comercio clandestino de drogas adictivas prohibidas, ejecutado por mafiosos.

C.- Esta es una amenaza global que se ha pretendido enfrentar a través de convenios internacionales a partir  de 1912, privilegiando la criminalización.

D.- En cumplimiento de esos convenios, a los que se adhirió voluntariamente el estado peruano, articuló su política criminal interna.

E.- EL Código Penal tipifica y sanciona el TID y el tráfico de "precursores".

F.- Lamentablemente, todos estos esfuerzos han fracasado, debido a la creciente demanda, la misma que ha originado una gran corrupción. Producimos 320 toneladas de cocaína al año.

G.- Para producir esta gran cantidad de droga, se han extendido los sembríos de coca. Actualmente existen 62,000 hectáreas en todo el país. El VRAE produce el 40 % de droga.

H.- Se ha originado una alianza perversa entre los narcotraficantes y los "remanentes de Sendero", los cuales cuentan con el apoyo de la población, quien vive directa e indirectamente  de este ilícito "negocio".

I.- Por sus características, no existe sustituto de la hoja de coca. Por razones de precio, producción y facilidades de comercialización.

J.- En el VRAE (como en el Huallaga) se están empleando a la PNP y la FFAA, sin resultados positivos. Falta definir al enemigo.

K.- Pregunta final: Si de todas las drogas  que inventó el hombre, ninguna ha podido ser erradicada, ¿Por qué presumimos que podemos hacerlo con la cocaína? ¿Cómo lograrlo si la demanda  es cada vez mayor? ¿No habrá llegado la hora de explorar nuevas alternativas como la legalización?

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¿Qué es lo que Verdaderamente Quiere Negar el Negacionismo?

El proyecto de ley que incorpora el artículo 316-A (Negacionismo de los Delitos de Terrorismo) al Código Penal remitido al Congreso para su aprobación, ha suscitado (como siempre) un debate epidérmico entre un Gobierno que "se sigue moviendo con improvisación, impericia y miedo" como lo afirma Augusto Álvarez Rodrich, con toda razón, y una clase política que adolece de los mismos defectos (o tal vez peores).

Ambos bandos (el gobierno actual y todos los anteriores, incluyendo a los políticos de todas las épocas) son los responsables de haber creado las condiciones políticas, económicas y sociales para que una banda de marxistas desquiciados haya estimulado a cientos de jóvenes confusos a empuñar ilegalmente las armas y, en base al terror,  pretender "cambiar las estructuras del Estado" para imponer la dictadura del proletariado.

Muy poco o casi nada

Esta es la realidad que se incubó antes de 1980 y que tuvo una secuela trágica hasta 1995 fecha en la que esas pretensiones fueron derrotadas militarmente por las Fuerzas Armadas. Derrota que no han podido superar los marxistas de todos los pelajes (incluidos los caviares), no habiendo encontrado otro camino para superar su frustración, que desatar sus odios contra los vencedores.

Pero esos gobiernos y esos políticos no han podido (o no han querido) aprender la lección.

De Belaunde, que calificó de abigeos a estos genocidas, pasamos por García exaltando la mística de los terroristas; luego por Paniagua que creó la Comisión de la Verdad, a la que Alejandro Toledo le añadió la tarea de reconciliación; hasta llegar a Humala que pretende, por decreto, enfrentar la prédica senderista sin percatarse, que las condiciones, que fueron el campo propicio para que tuvieran eco, han cambiado muy poco o casi nada. 

Voceros del Gobierno y políticos de diversas tiendas, se han pronunciado sobre la Ley de Negacionismo. Unos a favor y la mayoría en contra. Pero ambos bandos no se han atrevido a negar lo que sí es innegable: que el país llegó a desangrarse por culpa de todos ellos, por impericia, improvisación, corrupción y miedo. Verdad histórica (que sin ley) nos vienen escamoteando los que quisieran que la echemos al olvido.

Esclareciendo ciertos sofismas

Pasando por alto esta verdad nos hemos empeñado en debatir la que se ha enviado al Congreso. Para emitir una opinión objetiva sobre la misma, creemos que deben esclarecerse ciertos sofismas y falacias que están tergiversando la verdad.

1ero:  los marxistas enquistados en las ONG's que se han atribuido la exclusiva defensa de los derechos humanos satanizan el proyecto, porque solo se refiere al Negacionismo de los actos terroristas de sendero luminoso. Ellos quisieran que el proyecto también incluyera al terrorismo de Estado el que supuestamente practicó Fujimori.

Para su decepción, trascribimos la Resolución 51/210 del 16 de Enero de 1997, adoptada en la 88 Asamblea Plenaria, en el punto 1.2 de la Asamblea General de las Naciones Unidas: "…terrorismo son los actos criminales encaminados y calculados para provocar un estado de terror en el público general, un grupo de personas o personas particulares para propósitos políticos…" 

Dado que el Estado tiene la obligación constitucional de velar por la seguridad de las personas de la Nación, su respuesta legal y legítima apelando al uso de la fuerza no tuvo ningún propósito político, sino preservar la vida de las personas, la paz y su propia supervivencia.

Por lo tanto no cometió terrorismo. Pretender equipararlo a Sendero Luminoso es un despropósito. Pero sin embargo, este es el sueño retorcido de todos los marxistas.

2do: Resulta desproporcionado el temor sobre la amenaza a la "libertad de expresión", derecho humano positivado en la constitución. El tribunal constitucional en su sentencia Nº 0010-2002-pi (fundamento jurídico Nº 83) dice, respecto a las libertades de expresión e información, lo siguiente:

"Las referidas libertades no son absolutas, sino que, por autorización del propio texto constitucional, pueden ser limitadas por ley ("bajo las responsabilidades de ley"). La limitación de estos derechos constitucionales solo se justifica si existen otros valores de igual rango que deben ser protegidos".

Entonces la libertad de expresión no es absoluta, tiene límites. Por otro lado, en el presente caso sí existen otros valores, como los que ya hemos mencionado, que justifican plenamente cualquier limitación. Rasgarse las vestiduras para tener la "libertad" de calificar a Rosario Ponce de: ¡asesina!, o tratar morbosamente el cercenamiento de un pene no es el mejor argumento para hacer un ejercicio irrestricto de ella.

3ero:  Hay quienes afirman que una ley de esta naturaleza, en manos de un Poder Judicial impredictible, timorato, poco o nada independiente del poder político y con evidentes signos de corrupción, sería como poner una granada en manos de un niño. No les falta razón. Sin embargo habría que recordarle a toda la clase política, que la Reforma del Estado es una tarea pendiente que ellos mismos la han encarpetado irreflexivamente en el Congreso. Y mientras se siga empolvando todo el aparato del Estado seguirá teniendo los mismos defectos que se le atribuyen al Poder Judicial.

Estos son los tres argumentos principales de los que se han servido los que están a favor y en contra de este proyecto. Es bueno recordarle a la prensa que las libertades de expresión e información, no son libertades absolutas no solo porque así lo prescribe la Constitución, sino porque al haberse ejercido haciendo abuso de ella (con excepciones) la han enervado al punto que debieran aceptar con altura sus limitaciones para proteger otros derechos (como el de la vida).

No han tenido el coraje

Que quede claro que en el país no hubo terrorismo de Estado, a tenor de la Resolución 51/210 de la ONU, y hacen mal quienes pretenden colocar al Estado y Sendero en el mismo nivel, obedeciendo a sus pasiones.

Cometen un error los gobernantes, y la clase política, en invalidar la capacidad del Poder Judicial en su tarea de administrar justicia. Tanto porque se ha llegado a esta situación por culpa de quienes han vulnerado su autonomía (para evitar caer en sus manos) como porque no han tenido el coraje y la capacidad de reformarlo.

Entre ollas y sartenes

En suma, ha sido, hasta hoy, un duelo entre ollas y sartenes para ver quien está mas tiznada. Pero también un esfuerzo confuso y desesperado del gobierno por enfrentar el rebrote senderista, apelando a una ley. Rebrote que como tumor maligno se ha venido gestando hace varios años ante la mirada impasible de Paniagua, Toledo y García.

Pero veamos. ¿En qué forma está rebrotando Sendero?: Mediante su desquiciada prédica ideológica, porque los que están en el VRAEM son vulgares narcotraficantes. ¿Y cómo pretende enfrentar el Gobierno esa prédica?  Mediante una ley que castigue a quienes nieguen el terrorismo subversivo. ¿No es acaso que las ideas (aunque sean estúpidas) deben combatirse con ideas mejores y no con la cárcel?

"Fachadas electoreras"

Y aquí viene nuestra principal carencia. No existen partidos políticos en el país (lo que hay son "fachadas electoreras") y como tal, estamos huérfanos de ideas. ¿La más genial de Humala servirá en esta dialéctica? ¿Qué ideología tenemos en el activo político del país, para luchar efectivamente contra estos desquiciados? Ninguna, o si las hay nadie las conoce.

Lamentablemente este debate ha sido distorsionado. Los izquierdistas de todos los pelajes invalidan el proyecto porque no incluye el "terrorismo de Estado". La prensa, porque ve amenazada su "irrestricta" libertad de abusar de ella, y ambos no le confieren al Poder Judicial la capacidad de aplicar esta ley correctamente, sino en función de intereses políticos.

Proyecto negacionista

Sin embargo, como dijimos al inicio, nadie se pregunta si las condiciones económicas, políticas y sociales que fueron el escenario propicio para Sendero han sido superadas. A todas luces parece que no, el escenario sigue siendo casi el mismo por culpa de la clase política que ha dirigido los destinos del país. Por lo que resulta paradójico que esta debata un proyecto negacionista, sin advertir si ese campo fértil, en que se diseminaron las semillas del mal, ha cambiado.

Los jóvenes cerrarán sus mentes a las "ideas" senderistas no porque se lo imponga una ley, sino porque las alternativas racionales son mejores. Pero resulta que ellas no existen, porque quienes debieran concebirlas y difundirlas están interesados solo en la conquista del poder, para usufructuar de él. 

Ineficiente, caduco y corrupto

¿Acaso la pobreza no sigue siendo el escenario trágico en que están inmersos más de ocho millones  de peruanos? ¿Acaso la corrupción no se ha incrementado? ¿Acaso el uso sensual del poder no ha sido el denominador común de todos los gobiernos? ¿Acaso la justicia no dejó de ser hace tiempo igual para todos? ¿Acaso el Poder Legislativo no sigue siendo una cofradía, que apaña o es magnánima con los impresentables que dañan su imagen? Ninguno de estos defectos que han estado presentes en toda nuestra historia, han podido ser superados. Tenemos un sistema ineficiente, caduco y corrupto. Siendo esto así ¿Con qué antecedente de Estado podemos enfrentar a Sendero?

¿Lo que pasó… pasó?

Felizmente, independientemente a estas graves carencias políticas, la sensatez y la razón individual se están enfrentando a la barbarie. Nos hemos negado a saltar hacia el abismo. Lo que pasó en Camboya, país en el que el Kmer Rouge (símil de Sendero) asesinó a más de un millón y medio de camboyanos, nos detiene ante la prédica genocida de Sendero. Solamente un desquiciado aceptaría vivir esclavo de la dictadura del proletariado. Gracias a estos infiernos que el senderismo nos promete, es que hemos optado tercamente por la democracia.

Todos los gobiernos han sido deficientes en mayor o menor medida. Pero siguen siendo el mal menor. Hemos preferido a Paniagua, Toledo, García y Humala, que a un orate como Guzmán (a) "camarada Gonzalo". Y para esa elección nadie nos ha obligado. Nuestra razón ha sido suficiente.

Presencia fantasmal

Pero ha llegado la hora de enfrentar ideología con ideología, y para ello necesitamos tenerla urgentemente; y esta es la tarea que deben asumir los partidos políticos que hoy solo tienen presencia fantasmal.

Es deber de los padres no soplarle la pluma a lo que debiera ser también un debate familiar. Esta no es tarea exclusiva, ni excluyente de las escuelas y la sociedad.

En resumen

En vez de líos entre ollas y sartenes, sugerimos un debate alturado entre la clase política; comenzando por un mea culpa por haber creado las condiciones para que la prédica senderista haya tenido eco. Esta es la negación que no se debe negar. Y luego, en forma constructiva, hacer germinar ideas políticas. Y una vez que tengamos estas herramientas volver a discutir este proyecto. Mientras tanto: ¡fuera los terroristas del aparato del Estado!; no pueden vivir a costa de la organización a la que quisieron desaparecer.

Jamás concederle a ninguna organización antidemocrática la posibilidad de ser partido político; y finalmente, no otorgarle beneficios penitenciarios a ningún terrorista, y que estos antes de salir de la cárcel paguen el total de las reparaciones que deben a todos los peruanos.

Así estaremos convencidos de que la ley se cumple. Y que nuestros esfuerzos se orienten en tres frentes: el militar, el judicial y el ideológico. Solo así le cerraremos el paso a la barbarie. Esa es nuestra opinión.

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Muertes en el VRAEM: Indiferencia e Ineficiencia

El día miércoles 15 de agosto, en horas de la noche, sucedió un hecho grave en el país. Dos patrullas del Ejército de la Base Contraterrorista de Mazángaro, en San Martin de Pangoa, fueron emboscadas, dando como resultado la muerte de cinco efectivos y un número parecido de heridos.

La gravedad de esta cobarde masacre no solo está en el hecho de la pérdida lamentable de valerosos soldados, sino en dos actitudes que merecen nuestra más enérgica condena: indiferencia e ineficiencia.

Cuando se produjeron las primeras bajas en el VRAE durante este Gobierno, un cariacontecido presidente Humala y su "asesora" Nadine Heredia encabezaron un nutrido grupo de autoridades civiles y militares, que fueron a la Base Aérea del Callao a recibir los féretros y expresar su pesar y condolencia a los deudos.

Indiferencia presidencial

En esta oportunidad la indiferencia presidencial ha sido evidente. Hemos visto con estupor, velatorios escondidos y entrega clandestina de féretros. Está claro que el presidente Humala, está pensando solamente en las encuestas y sabe que este tipo de acontecimientos afecta su popularidad, razón por la cual ha querido mantenerse distante de esta tragedia.

Actitud que difiere totalmente de la que adoptó con los trabajadores de Camisea (que no fueron "rescatados") a los que "secuestró" por veinticuatro horas y los uniformó para tomarse una foto con ellos. Puro populismo.

¿Cómo entender la indiferencia de un soldado-Presidente ante la muerte de sus camaradas de armas? ¿Tienen más valor las encuestas de popularidad que el  cumplimiento de su deber como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas? ¿Qué brillo puede tener el bastón de mando que luce en ceremonias oficiales, si ambos no estuvieron presentes para rendir honores a los caídos? ¿En qué oscuro lugar quedó enterrada la lealtad? ¿"Es tan difícil ser derecho"?

Entendiendo las razones

Pero el mal ejemplo se ha extendido. Tampoco estuvieron presentes el rabioso (para otras cosas) Ministro de Defensa; ni los altos mandos militares, empezando por el presidente del Comando Conjunto, organismo responsable de conducir las operaciones en el VRAE.

Ya vamos entendiendo las razones por las cuales, esos mismos mandos, abandonaron a su suerte a tres valerosos policías que acudieron a rescatar los tripulantes de un helicóptero abatido.

Sin embargo, debemos también hacer notar: la imperceptible cobertura que dieron los medios de comunicación a este hecho tan grave. Con excepción del diario "La República", los demás le dedicaron un pequeño recuadro ¿Es tan rutinaria esta notica? ¿Ya no nos conmueven estas muertes o dejaron de ser importantes? El caso lamentable del estudiante Ciro Castillo acaparó las portadas de todos los diarios durante meses.

Reconocemos públicamente, que nos causó un inmenso dolor la fotografía de la página tres del diario "La República", en la que cuatro soldados, compañeros de armas, velan en una humilde capilla ardiente al sargento Junior Ñaupa. Pero creemos que así fue mejor. Acompañado de los que de verdad lo sienten, no de los que con cálculo político, se aparecen solo para medrar de su dolor.

Un vez más, ineficiencia

Pero esta tragedia, también ha demostrado una vez más: ineficiencia. Tenemos un Presidente, un Ministro y un Presidente del Comando Conjunto, que están distantes de entender el problema del VRAEM.  

Coincidiendo con diversos analistas, como Jaime Antezana, venimos sosteniendo que el enemigo en esa región no es el terrorismo sino el narcotráfico. Tampoco son (como equivocadamente se asegura) "narcoterroristas".

El mismo Almirante Cueto (quien no tiene ninguna experiencia en este asunto) afirma que "la población de la zona sobrevive de la economía del narcotráfico". Apelemos al Código Penal. En él se puede leer claramente que quienes apoyan la producción y comercialización de la droga, están incursos en el delito de narcotráfico. ¿Queda alguna duda que los delincuentes "terroristas" (?) son los que permiten este ilícito negocio e incluso tienen sus propias pozas de maceración?

Una guerra equivocada

El Ejército y la Policía (sin unidad de comando efectiva) vienen luchando contra estos delincuentes desde hace diez años. Con efectivos inmensamente superiores respecto a los supuestos "terroristas" a los que un General Presidente del CCFFAA, cuantificó entre 200 y 300 desquiciados. Las Fuerzas del Orden tienen armas, municiones, y medios de comunicación sofisticados.

¿Por qué no pueden obtener la victoria? ¿Por qué han tenido hasta hoy más bajas que el "enemigo"?. La respuesta es simple: están conduciendo una guerra equivocada. Y mientras esto no se corrija, como dicen los analistas, el país seguirá lamentando tragedias como la de Mazángaro.

El narcotráfico es una actividad ilegal que ni siquiera los EEUU (con todo su poderío bélico) han podido derrotar, Y es que ningún vicio humano ha podido desaparecer, lo que queda es aprender a convivir con él, disminuyendo los efectos nocivos que ocasiona. Esta es la verdad. No nos hagamos ilusiones.

Si la demanda de cocaína en el mundo se está incrementando y extendiendo, ¿Qué razón de mercado habría para que disminuya su oferta? Sin embargo, esta no es una guerra perdida.

A pesar que las áreas de cultivo de coca se han incrementado y producimos 320 toneladas de droga al año, podemos hacer mucho para combatir los efectos colaterales de corrupción, producción y lavado de activos; lo que sucede es que hasta hoy no hemos dado los pasos correctos o tal vez no los hemos querido dar.

Control de rutas de acceso

No habría interés en producir hojas de coca, si no existiera la posibilidad de que estas se conviertan en droga. Y esto solo es posible con el empleo de precursores. ¿Por qué hasta hoy no hemos podido controlar, aunque sea solo uno de ellos: el permanganato de potasio, que se importa del extranjero? ¿Qué extraña razón nos ha hecho insuficientes, en este esfuerzo? Cae de maduro que este debe ser el primer esfuerzo del Estado. Sugerimos controlar las rutas de acceso al VRAEM con el Ejército, porque la Policía solo incauta el 5% (¡increíble!) de los insumos que se trafica.

¿Por qué no hay ningún detenido de alto vuelo por lavado de activos? ¿Es sensato admitir que la policía no sepa quienes son los grandes dueños de las 320 toneladas de droga que producimos al año? ¿Por qué solo se incauta el 6% aproximadamente? Corrupción.

 

Ausencia del Estado

Se dice que el VRAEM se ha convertido en la zona de mayor producción de droga debido a la ausencia del Estado. Craso error. Los narcotraficantes están allí, porque esta es una zona apta para el cultivo de hojas de coca. Y ese cultivo (está probado) no tiene alternativos. Nada cuesta más que la coca. Ningún otro cultivo se convierte en droga. Así se construyan muchas obras más, los narcotraficantes seguirán produciendo droga hasta, que, por efecto de un control más efectivo se muden a otro sitio, como ha sucedido en el Huallaga.

En resumen, esta tragedia que ha enlutado a la familia militar, le ha sido indiferente al comandante Humala por razones políticas. Ha hecho prevalecer sus intereses antes que sus emociones. Ya están advertidos todos los soldados. Pero también se ha puesto en evidencia, que la estrategia que se viene aplicando en la zona desde el inicio de las operaciones es equivocada; lo lamentable es que sigue siendo la misma. Lástima que en el holocausto de los errores estén poniendo su solitaria cuota de sacrificio los valerosos soldados, a los que se les paga con indiferencia y sueldos indecorosos.

Finalmente, nada podemos esperar de los organismos que dicen defender los derechos humanos. Ellos han hecho de la felonía su forma de vida y su medio de sustento. Y sus retorcidas convicciones ideológicas les han negado la posibilidad de expresar: aunque sea un pésame a los deudos de estos héroes de la patria. ¡Honor a los Caídos! ¡Viva el Ejército Peruano!

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¿Conga Va o no Va? - ¿Debemos Dialogar o Negociar?

La mayoría de autoridades del país (en sus diversas jerarquías), y un gran sector de la prensa, vienen reclamando un diálogo entre el gobierno nacional y el regional de Cajamarca, el mismo que es presidido por Gregorio Santos; fórmula con la cual (según sus auspiciadores) se llegará a un acuerdo entre las dos intransigentes posiciones respecto a la ejecución del proyecto minero Conga. El Presidente Humala dice ahora: Conga va, siendo que en la campaña electoral dijo en Bambamarca lo contrario. En cambio, un coherente Gregorio Santos encontró hábilmente la forma de subirse a la ola de protestas del pueblo cajamarquino, para decir Conga no va. Protestas que existieron mucho antes que él fuera elegido presidente regional, y fue, precisamente, su discurso antiminero que lo llevó a ser elegido como tal.

Sentimiento de rechazo

Se equivoca entonces el Gobierno, cuando atribuye a este dirigente la responsabilidad de haber despertado este sentimiento de rechazo cajamarquino. Equivocación que lo induce a insultar a esa población, atribuyéndole la calidad de "borregos" que se dejan llevar de las narices por los dirigentes; y como tal está orientando su estrategia para desacreditarlos o "anularlos" como lo hizo torpemente al apresar al ex-cura Arana, para después tener que liberarlo, confirmando la poca o nula independencia del Poder Judicial.

En el país hay más de 250 conflictos sociales, de los cuales el 70% son medio ambientales, es decir, referidos a la explotación dañina de nuestros recursos naturales por las empresas mineras y petroleras. Y que se sepa, ni Santos ni Arana ni Saavedra, tienen que ver con ellos, Si así fuera, estaríamos ante mesiánicos líderes de alcance nacional, calidad que ni remotamente tienen, y que, por cierto, ellos desearían tener.

La CONFIEP, y sus gonfaloneros a paga, han tratado hasta hoy (con mediano éxito) de desviar nuestra mirada respecto a la historia negra de sus actividades nocivas y la impunidad de la que han gozado, a pesar del evidente daño contra el medio ambiente, y haber condenado a una muerte lenta a pobladores como los de La Oroya; la que está entre las diez ciudades más contaminadas del planeta.

Cómplice por corrupción

Existen más de siete mil pasivos ambientales que jamás se remediarán, porque ninguna de las mineras que los ocasionaron han asumido su responsabilidad. Además, casi la totalidad de ellas, ya no operan en el país. Ya se enriquecieron, y ya se fueron. Nada de lo cual habría sucedido, sin un Estado cómplice por corrupción.

¿No es lógico entonces pensar que independientemente a los Santos, Aranas y Saavedras, en la población haya fecundado un rechazo ancestral respecto a estos daños que ninguna minera quiere remediar, ni el Estado se ha preocupado por evitar?

Ante la poca o nula sensibilidad social de estas empresas extractivas, y el creciente descontento de la población, se les está exigiendo, últimamente, Estudios de Impacto Ambiental más severos. Y ahora sí, pareciera que explotarán nuestros recursos con responsabilidad.

Daño colateral

Sin embargo, la realidad sigue demostrando lo contrario. Una Comisión del Congreso viajó hace poco al Río Corrientes y comprobó, en el sitio, los derrames de petróleo que desde hace años siguen matando todo vestigio de vida en las zonas afectadas. Al respecto, la CONFIEP (obviamente) no ha dicho nada. Y todos aquellos que glorifican la minería, colocándola como panacea de nuestros apremios económicos, tampoco se han pronunciado. Probablemente, para ellos, la vida de unas cuantas etnias es el mal menor; el daño colateral que hay que pagar para que no decrezca nuestro crecimiento económico, el mismo que en un 70% se debe a la exportación primaria de nuestros minerales.

Ante la intransigencia de unos "dirigentes radicales ideologizados" (miopía increíble), se ha venido alentando el diálogo como solución efectiva. Craso error. Demostrando el grado de impreparación del Gobierno: se insiste en un procedimiento equivocado.

El diálogo  del griego: "a través de la palabra", es la modalidad en la que se comunican dos o más personas. Y qué duda cabe, que las partes se han comunicado permanentemente, aunque no de forma presencial.

El diálogo, en ningún caso tiene como finalidad llegar a un acuerdo (que es lo que se necesita), sino expresar el punto de vista de las partes. El presidente Humala y su asesora principal Nadine Heredia, no tienen la facultad para cambiar el conocimiento universal; ni están capacitados para ello.

Intereses nacionales

¿Qué debemos hacer entonces?: Negociar. La negociación es un proceso por el cual las partes interesadas resuelven conflictos, procurando obtener resultados que sirvan a sus intereses. Y no tenemos ninguna duda, que los intereses nacionales están en juego. Y, cuando decimos intereses nacionales, no nos estamos refiriendo a los intereses de las compañías mineras (las que han originado este grave problema), sino a los intereses de toda la población.

Pero para negociar se necesita hábiles negociadores (de los que adolece el Gobierno) y de una serena apreciación de la situación; la misma que solo debe estar en manos de asesores inteligentes y no de sobones como viene sucediendo.

Para que haya negociación se necesita: Primero: que existan dos posiciones sobre un mismo asunto. Si fueran coincidentes, no harían falta negociaciones. Segundo: que las dos partes quieran llegar a un acuerdo, si una de ellas no desea hacerlo, no se va a sentar a negociar; y Tercero: se necesita que las partes se comuniquen, intercambiando propuestas y concesiones.

Quien negocia en forma adecuada, con capacidad, con conocimiento, con habilidad, suele generar resultados que lo benefician, de la misma forma en que cometer errores en la negociación lo aleja de sus objetivos.

La primera habilidad del negociador, es generar la fluidez de las comunicaciones y la segunda, motivar a la otra parte, a querer llegar a un acuerdo. Nada aleja más la posibilidad de llegar a un acuerdo, que el esfuerzo en contrario que permanentemente viene realizando el gobierno descalificando a los dirigentes con los que precisamente debe negociar.

¿Cómo negociar acertadamente?

Como vemos, negociar es un proceso mucho más complejo que dialogar. Y solo mediante la negociación se puede llegar a resolver conflictos. El diálogo no es útil para este fin.

¿Pero cómo hacemos para negociar con éxito, si los argumentos de Santos se los dio Humala para ganar votos? ¿Cómo negociar acertadamente, si las condiciones para hacerlo son torpemente concebidas por el Presidente con la aquiescencia de Ministros que solo brillan por su obsecuencia?

Creemos que ha llegado el momento de dar el primer paso para sentar las bases correctas de este proceso. Reiteramos lo que dijimos hace tiempo en solitario y que ahora es un pedido de muchos: que el presidente Humala se dirija en un mensaje a la Nación y reconozca que fue desacertada su campaña de la primera vuelta; y las razones por las cuales, ha tenido que reorientar sus apreciaciones.

La única forma de restituir la confianza es reconociendo el pecado. Y lo que ha perdido Humala es la confianza del país. Sin ella, subsistirá la duda respecto a qué Humala es el que nos gobierna. Y mientras ello suceda, para los cajamarquinos: Conga no va; independientemente de que "eliminen" a Arana, Santos o Saavedra con la excusa de hacer prevalecer el "principio  de autoridad".

Imponerla utilizando  la fuerza, es el último recurso al que un líder debe apelar. Y cuando así lo decide, es que perdió legitimidad (principio de la gobernabilidad), y sin legitimidad, Conga no va. Pero no irá porque no sea conveniente, sino porque la población no tiene la certeza de sus beneficios, al haber perdido la confianza en su Presidente. Es hora de recuperarla.

Otro sí: Negociar no es sinónimo de debilidad. Es la oportunidad que

necesita la legitimidad, para imponerse sobre la sinrazón, sobre el fanatismo.

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